OTRO ESTATUTO, OTRA IMPOSICIÓN
Aitzol Altuna Enzunza
El historiador artajonés Jimeno Jurio (1927-2002) dejó escrito que “La extraordinaria semejanza que se da en las instituciones públicas y privadas de los 6 territorios vascos obedece ciertamente a la unidad básica de civilización de todo el ámbito euskaro; el embrión germinal del sistema evolucionó y se consolidó en sus líneas fundamentales cuando toda Euskal Herria –el verdadero reyno de Navarra- estaba unificado bajo el poder de los reyes de Pamplona”.
Durante el segundo alzamiento carlista entre 1873 a 1876, se creó en los territorios peninsulares del reino baskón de Nabarra un "Estado Federal”. El cual tenia todas las atribuciones de un Estado soberano: emisión de moneda propia y sellos, Tribunal de Justicia, deuda pública propia, un centro de comunicaciones en Baiona (tras el consentimiento del gobierno francés, por quedar este territorio nabarro fuera de su soberanía) y, lo más importante: un ejército de 24.000 soldados que defendía la soberanía del Estado de Nabarra y los derechos de todos sus ciudadanos recogidos en sus Fueros o normativa constitucional.
El gobierno era itinerante por circunstancias de la guerra, pero tenía la obligación de recoger todos los mandatos de las Diputaciones Forales constituidas por las Juntas Generales de los representantes municipales, elegidos en cada concejo en lista abierta, con censo y voto universal obligatorio de un “fuego” (un hogar) un voto, en el cual también participaban las mujeres.
El gobierno era itinerante por circunstancias de la guerra, pero tenía la obligación de recoger todos los mandatos de las Diputaciones Forales constituidas por las Juntas Generales de los representantes municipales, elegidos en cada concejo en lista abierta, con censo y voto universal obligatorio de un “fuego” (un hogar) un voto, en el cual también participaban las mujeres.
Fue la reconstrucción del Estado nabarro soberano, después de que 253 años antes (1620) perdiese tal condición Baja Nabarra. Un Bourbon reinaba sobre los baskones del sur, se trataba de Carlos IV de Nabarra (sería quinto si contamos al príncipe de Biana, pero que nunca reinó), el cual pretendía mediante la reinstauración del reino de Nabarra el reconocimiento internacional a su corona que por desgracia nunca se produjo.
La Ley del 21 de julio de 1876 abolía definitivamente los Fueros; hasta el 4 de noviembre de 1879 los cuatro territorios vivieron bajo un estado de excepción. Aun así, la “provincia” de Alta Nabarra conservó lo que le quedó de sus leyes naturales tras la imposición de la Ley “Paccionada” en 1841, como consecuencia de perder la Primera Guerra Carlista (1839) y la rendición posterior del hasta entonces aún denominado “reino de Nabarra”, que intentó defender su autonomía en la administración de su territorio. Muchos foralistas emigraron en masa a América. Cada 21 de julio hasta 1936, en la prensa vasca aparecían artículos y editoriales contra esta ley de 1876.
Los liberales vascos se unieron a los carlistas para pedir la no-supresión de las "Entidades Administrativas vascas", pero no consiguieron eco alguno en Madrid, capital de Castilla y donde se centralizó todo siguiendo el nuevo modelo de Estado-Nación totalitario importado de Francia, sobre la base castellana considerada como la única “española”, frente a la defensa de la diversidad de la corona de Las Españas que proclamaban los carlistas, estructura de Estado más cercano a un modelo Confederal con los cuatro Estados que figuran en la actual bandera española (más el reino de Granada), aunque de los cuatro Estados (Castilla, León, la corona de Aragón-Catalunya y Nabarra), sólo Nabarra había sido conquistada (1200-1530) e integrada a la fuerza en la corona de Castilla en su parte peninsular. Además, la rebelde Catalunya fue castigada con la supresión de sus instituciones y Fueros tras alzarse por su independencia en el siglo XVII, y contra los bourbones en el siglo XVIII ante el intento de Castilla de imponerse en la corona catalano-aragonesa.
Tras la Segunda Guerra Carlista por tanto, los cuatro territorios nabarros peninsulares fueron considerados traidores a España y pasaron a llamarse “provincias”, modelo francés que se había implantado poco antes en la península por José Bonaparte. El hermano del Emperador Napoleón, fue el que dio a “Las Españas” como se denominaba entonces a los Estados de la corona hispana, la primera Constitución o leyes comunes a todos los Estados que la componían, así como a todas sus colonias europeas, africanas, asiáticas y americanas.
Es conocida como la "Constitución de Baiona" (1808), impuesta por el ejército francés con el beneplácito de los reyes de Las Españas que apoyaron al Emperador francés (los Bourbones Carlos IV y Fernando VI), de su primer ministro (Godoy) y de los notables tanto de Castilla (cuyas Cortes no se reunían desde hace siglos), como de Aragón y de Nabarra que acudieron al evento (66 de los 150 convocados).
Esta primera Constitución española establecía un sistema bicameral con Senado de Infantes y Asamblea Legislativa de 172 diputados con toda la apariencia de una democracia como tantas Constituciones españolas posteriores incluida la presente (pero censaria -donde sólo podían votar los ricos- y masculina, como todas las del siglo XIX). José Bonaparte sería el nuevo jefe de Estado y de gobierno con el título de rey de Las Españas. El secretario y el presidente que escribieron la primer Constitución española eran vascos.
Los territorios nabarros peninsulares intentaron negociar su no inclusión en dicha Constitución a través de los representantes de sus cuatro Diputaciones Forales que se presentaron en Baiona, porque, como escribió en un memorial Juan José Yandiola y que fue remitido al propio Napoleón el 26 de julio de 1808: “tiene(n) una que les ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos”. Por tanto, las Diputaciones forales negociaron no defender el territorio según mandaban los Fueros y formar parte del Imperio francés, a cambio del respeto a la legislación foral. Así, en la Constitución de Baiona en su artículo 144, se hacía alusión a los Fueros como asunto a recomponer, pero, “de acuerdo a los intereses de las provincias vascas y de la nación” francesa, claro está, donde se “integraban” todas las naciones de la corona de Las Españas (el concepto de una “nación española” era inexistente todavía), coletilla similar a la usada por el general liberal Espartero para derogar los Fueros tras el "Abrazo de Vergara" que puso fin a la Primera Guerra Carlista en 1839.
Los franceses crearon con las tres provincias de la Nabarra Occidental el "Gobierno de Bizkaia" en 1810 por un Real Decreto imperial, y el "Gobierno de Navarra" para Alta Navarra, ambos separados del previsto para España, aboliendo sin embargo los Fueros o el derecho pirenaico, mucho más democrático-participativo y garantista que la nueva Constitución francesa para España; el único idioma oficial era el francés (entonces el castellano no lo hablaba ni el 20-30% de la población).
Este Gobierno de Bizkaia duró 2 años encabezado por el francés Thouvenot con consejeros en cada una de las provincias y manteniendo además las Diputaciones; se creó otro gobierno similar para (Alta) Nabarra. Son por tanto los antecedentes de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, así como de sus respectivos gobiernos autonomistas y sus “lehendakaris”. La propia Constitución baionesa dividía por primera vez Castilla en provincias, y en lo esencial es muy similar a la actual Constitución española de 1978.
Es normal que los franceses no aceptasen los Fueros nabarros pues habían sido derogados violentamente tras la Revolución Francesa de 1789 en Lapurdi, Baja Nabarra y Zuberoa durante el “período de Terror”, mediante la persecución y el genocidio de la población civil “no francesa”. Las Cortes nabarras reunidas en la iglesia Saint-Palais de Donapaleu acordaron, pero sin poder después defenderse del ejército francés, que: “La nación francesa puede llegar a darse una constitución bastante prudente o juiciosa para que Nabarra piense un día renunciar a los suyo y unirse a Francia, pero mientras ese día llega, no hará el sacrificio de su propia Constitución que asegura su reposo y su libertad”.
En la segunda constitución española, la de Cádiz de 1812 (donde aparece por primera vez mencionada la “nación española”), se incluyó en su preámbulo un laudatorio a los Fueros del reino de Nabarra aún vivos y pese a que no hubo representantes de las Diputaciones en la misma, ni tuvo aplicación real posterior en nuestro territorio donde fue además muy mal acogida.
Es así como entramos en el siglo XX, derrota tras derrota, imposición armada tras imposición armada, genocidio tras genocidio.
En el libro “José Antonio Aguirre” su autor Edorta Jiménez Torres nos traslada la figura del primer Lehendakari: “José Antonio de Aguirre nació en Bilbao exactamente 100 días después de la muerte de Sabino Arana (06-03-1904 al 22-03-1960) (…) Se hizo con la alcaldía de Getxo a donde se había trasladado su padre siendo él muy joven, en 1931 durante la Segunda República española, desde donde pidió la abolición de las leyes de 1839 y 1876 que acabaron con los Fueros. Llegó a ser Diputado a las Cortes Españolas por Bizkaia y Alta Navarra.
Agirre dijo como resumen de su pensamiento político: “En el orden político, aspiramos a la soberanía plena de Euzkadi sobre sí misma (…) Ahora bien, el diputado que tiene el honor de dirigiros la palabra, tiene un mandado concreto y determinado que es el Estatuto vasco aprobado por los municipios”.
En el libro “José Antonio Aguirre” su autor Edorta Jiménez Torres nos traslada la figura del primer Lehendakari: “José Antonio de Aguirre nació en Bilbao exactamente 100 días después de la muerte de Sabino Arana (06-03-1904 al 22-03-1960) (…) Se hizo con la alcaldía de Getxo a donde se había trasladado su padre siendo él muy joven, en 1931 durante la Segunda República española, desde donde pidió la abolición de las leyes de 1839 y 1876 que acabaron con los Fueros. Llegó a ser Diputado a las Cortes Españolas por Bizkaia y Alta Navarra.
Agirre dijo como resumen de su pensamiento político: “En el orden político, aspiramos a la soberanía plena de Euzkadi sobre sí misma (…) Ahora bien, el diputado que tiene el honor de dirigiros la palabra, tiene un mandado concreto y determinado que es el Estatuto vasco aprobado por los municipios”.
Era el Estatuto autonomista de Estella que él mismo encabezó como miembro más destacado de todos los alcaldes de los 4 territorios nabarros donde se realizó. El 21 de enero de 1932 se celebraron las asambleas provinciales de los ayuntamientos en sus cuatro capitales, que se pronunciaron a favor de un Estatuto único: 423 de los 549 ayuntamientos votaron que sí, representando el 90 por ciento de la población. Con matices, pero fueron aprobados en los 4 territorios (Fernando Mikelarena “Historia, memoria, ideología y política en Navarra”). Se siguió negociando y modificando el Estatuto para intentar dar gusto al Gobierno de España, pero el gobierno republicano español siempre lo rechazó sin apenas juzgar su contenido.
La Segunda República Española no quiso aprobar el Estatuto vasco, pues primaba para ella la unidad totalitaria de España conseguida manu milatari en los dos siglos anteriores sobre las libertades de los Pueblos o naciones sometidos (desmantelación institucional de la corona de Aragón-Catalunya y la de Nabarra), exactamente igual que después la supuesta unidad "española" será lo esencial para las “tropas rebeldes” ante una España desunida y su Imperio menguante.
Tras el golpe de Estado de los militares españoles contra su república en julio de 1936 y en pro de un nuevo Estado fascista gobernado por ellos, surgió el que se llamó “Gobierno de Euzkadi”. En un principio, sólo era un apéndice del Gobierno Republicano español que lo amparaba y bajo cuyas leyes fue creado. El Estatuto aprobado dividía el sur de Nabarra en dos, quedando fuera del mismo Alta Navarra. En el libro “La Guerra Civil en Euzkadi, antes del Estatuto” Manuel Irujo, ministro de la república española, fue clarividente al decir que: “El estatuto “vascongado” será la piedra angular que garantizará la separación perpetua de Euskadi, en vascongados y navarros, o lo que sería aún peor, entre “vascos” y “navarros””.
Sin embargo, debido a la situación guerra, se creó un Estado “de hecho” y por tanto un gobierno soberano aislado del gobierno español, aunque gobernaba sobre un minúsculo territorio entre Legutiano en Alaba y la costa bizkaína.
Es más, a partir de verano de 1939, el Gobierno de Euzkadi, tuvo una definición nacional exclusivamente vasca y cortó sus lazos con los partidos de ámbito español. Estaba para entonces el Gobierno en el exilio de París tras perder la guerra y desechas las milicias vascas de “gudaris” compuestas por obreros del metal, peluqueros, agricultores etc. El fascismo español contó en nuestras tierras con su ejército colonial, con el ejército fascista italiano y el nazi alemán que bombardeó la población civil de Gernika entre otros muchos municipios bizkaínos como ensayo al Tercer Reich.
Según las memorias del Lehendakari José Antonio Agirre que presidió aquel Gobierno, de los 100.000 gudaris sólo sobrevivieron 30.000, sin contar con la numerosa población civil asesinada con ciudades bombardeadas como experiencia nazi para la Segunda Guerra Mundial y toda la población que no logró huir represaliada hasta límites nunca vistos hasta entonces -incluso tras la Revolución Francesa o las Guerras Carlistas-. Llegando a la esclavitud, el exterminio en campos de concentración, el fusilamiento masivo de poblaciones calificadas de “rojas y separatistas” o la prohibición de hablar nuestro idioma nacional.
Es más, el Estatuto nunca se llegó a aplicar, como decía Telesforo Monzón: “El Estatuto del 1936…yo no lo he conocido nunca. Puedo decir que he sido ministro de la Gobernación del Gobierno Vasco…y no he abierto el estatuto (creo que justamente lo ojeé el primer día por la mañana). Ese estatuto no se puso en la práctica jamás. Fue un auténtico fantasma. No existió tal estatuto. Lo que ha existido es un Estado Vasco soberano. Eso sí. Eso se toca. Tiene carne, tiene espíritu, tiene alma, tiene sangre. Un Estado Vasco. Duró 9 meses…Fue un Estado independiente”.
Ya en aquél entonces es así como veía la Segunda República Española la otra gran familia del nacionalismo vasco, Acción Nacionalista Vasca (ANV), en el año 1933 frente a la confusión generalizada actual: "Acción, que contribuyó con toda su alma y en la medida de sus fuerzas a dar vida a aquel Bloque Antimonárquico, ve levantarse en su lugar una monarquía política más absoluta y absorbente que la Borbónica y hereditaria de ella por las traza que presenta. Nuestros aliados (PsoE, PC y demás partidos republicanos) son izquierdistas por fuera y derechistas por dentro; liberales de palabra, reaccionarios de hecho; defensores de los derechos y libertades del hombre en apariencia, enemigos y sojuzgadores imperialistas de esas mismas libertades en el fondo".
El General Mola firmó con los carlistas y las guarniciones de Estella, San Sebastián, Logroño, Vitoria y Pamplona el llamado "Convenio de Irache", por el cual los carlistas abandonaron la “vía estatutaria” y se sometieron al General con el que se alzaron a cambio de recuperar los Fueros, leyes muy superiores en su contenido autonomista que los diferentes Estatutos, pero fueron después traicionados.
Finalizado el Golpe de Estado e implantada la dictadura, Indalecio Prieto, ex ministro del PsoE y miembro del Gobierno de la República Española en el exilio, hizo un viaje expresamente desde México a París para ver al Lehendakari Agirre y exigirle que: “-Este es el plan que hay y tenemos que cambiar de política, hay que adaptarse a otras circunstancias; y como el Gobierno Vasco es hijo de la República y nosotros vamos a renunciar a las posiciones republicanas, el Gobierno Vasco también debe desaparecer”. A lo Agirre le respondió: “-Don Indalecio, este testigo lo he recibido del Pueblo y este testigo yo se lo devolveré al Pueblo”.
En el discurso sobre la Gestión de Gobierno Vasco entre los años 1936-56, el propio José Antonio Agirre dejó escrito la vital importancia que tuvo la negación del Derecho de Autodeterminación del Pueblo vasco por parte de la Segunda República Española, incluso para los propios españoles y para su República: “¡¡Ah, compatriotas! Si el Estatuto de Autonomía hubiera sido aprobado en 1932, como era justo y procedente, sin dejar, por desidia de tanto demócrata, que las fueras reaccionarios tuvieran tiempo de apoderarse de (Alta) Navarra, desbordando la voluntad popular favorable del viejo Reino, qué otra hubiera sido la situación. Ni Mola hubiera sublevado Pamplona, ni Álava hubiese sido dominada, ni se hubiera producido el holocausto de Irún y de Guipúzcoa entera, y la frontera con la República francesa y el territorio vasco hubiera estado en nuestra manos”.
Manuel Irujo, miembro destacado de aquel Gobierno, llegó a firmar un acuerdo de colaboración político-militar con la Francia libre del General De Gaulle, pero que contaba con la oposición del gobierno británico. Así es como desde Londres en el año 1940 y en plena Segunda Guerra Mundial, el Consejo Nacional Vasco presidido por el propio Manuel de Irujo, redactó un anteproyecto de Constitución para todo el territorio de Baskonia o reino de Nabarra, una Constitución sólo es sostenible por un Estado, por eso en su Artículo 1 dice: "Euzkadi, la Nación Vasca, se constituye en Estado, bajo el régimen de República Democrática". En su artículo 5º esta Constitución declaraba como unidad territorial de Euzkadi la del reino histórico de Nabarra, era por tanto “Euzkadi” o “Euskadi” para Irujo sucesora del reino de Nabarra. Pero el apoyo se truncó ante los intereses del General De Gaulle y el chovinismo francés que no estaba dispuesto a renunciar a la Nabarra ocupada por Francia.
A la muerte del Dictador golpista Francisco Franco en 1975y la imposición de los franquistas de sus condiciones para incorporar al poder absoluto con el que gobernaban a otras corrientes ideológicas mientras éstas renunciasen a la libertad de las naciones y Estados sometidos a Castilla-España (hecho formalmente ejecutado en el Pacto de Munich de 1962), los vascos no formamos parte de la elaboración de la Constitución española de 1978 y aunque hubo posibilidad de que pudiéramos conseguir otro marco que el previamente previsto por el Régimen, se aceptó el llamado Estatuto de Autonomía que adolece de lo básico para ser democrático: “¿qué tipo de pacto es aquél en el que uno de los firmantes es juez y parte?”.
Un pacto donde una de las partes puede romperlo cuando quiera y la otra no, siendo ésta obligada a acatar un nuevo “pacto”, no deja de ser más que una imposición de conveniencia. Que el Estatuto, sus normas o las leyes que lo desarrollan, puedan ser revocados por los jueces españoles a instancias del parlamento español, lo anula como punto de encuentro democrático, pasa a mera imposición acomodaticia.
Hoy por hoy, en todo el mundo, por democracia se entiende el sistema político de las mayorías sociales de hombres y mujeres representados sus intereses mediante partidos políticos cuyo poder en cada momento sale de unas elecciones y que constituyen parlamentos o “cámaras de representantes” dentro de unos Estados para dirimir sus diferencias, todo ello mediante la fórmula de una persona un voto. Pero para que haya incluso esta democracia mediante partidos, son necesarios una serie de mínimos previos. Votamos por mayoría sí, pero decidimos todos que sea así. Si se parte de una imposición inicial como la que hay en el Estado conquistado de Nabarra donde se niega la existencia a todo un Pueblo (el derecho de autodeterminación), no caben votaciones por mayoría, pues el conquistador, siendo muy superior en número, siempre gana: “una ley que determina que es la mayoría quien decide en última instancia el bien de todos no puede edificarse sobre la base adquirida precisamente por esta ley; es preciso necesariamente una base amplia, y esta base es la unanimidad de todos los sufragios” Nietzsche.
Para que haya democracia, los nabarros deberíamos de aceptar el marco del Estado español, para ello y previamente, España debe de reconocer la ocupación militar del Estado baskón de Nabarra y sacar sus tropas y Fuerzas de Seguridad de su Estado de nuestras tierras, creándose un gobierno provisional como el de Agirre, Irujo y Monzón que sea el que convoque un referéndum de adhesión a España en condición de “igual a igual” o “aeque principalis”, pero sólo si lo ve procedente, en otro caso, no sería necesario, pues nunca hubo pacto alguno y menos una votación para ocupar nuestro Estado, destruir nuestras instituciones, suprimir nuestra Constitución o Fueros, destruir nuestra cultura, acabar con nuestro idioma o para asesinar a nuestros antepasados por defenderlos.
